Opinión

La pasada semana, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un Real Decreto para la gestión de los residuos de filtros de tabaco promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La norma introduce medidas innovadoras para combatir la contaminación causada por los residuos de filtros de tabaco, uno de los mayores problemas de residuos urbanos. Busca que tanto autoridades locales como productores de tabaco asuman una mayor responsabilidad en la gestión y prevención de este tipo de residuos.

Estas son las principales novedades:

• Restricciones para fumar en playas: los ayuntamientos podrán prohibir fumar en las playas mediante ordenanzas municipales, y sancionar a quienes no respeten esta norma en virtud de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

• Programas de reducción de plástico y ecodiseño: a partir de 2030, las empresas que representen más del 2,5 % de la producción total de tabaco deberán desarrollar programas para reducir el plástico en los filtros y evitar su abandono en el medioambiente.

• Identificación de puntos de vertido: se deberán detectar y mapear los lugares donde se acumulan estos residuos, tanto en áreas públicas como privadas.

• Infraestructura de reciclaje: en los próximos cinco años, se implantarán contenedores específicos para la recogida de colillas en los sistemas de recogida pública de residuos.

• Metas de recolección y diseño: se establecerán objetivos específicos y criterios de diseño de filtros para fomentar su adecuada recolección, basados en estudios técnicos.

• Registro de productores: las empresas que producen tabaco deberán registrar y reportar anualmente su producción y gestión de residuos.

• Responsabilidad financiera de los fabricantes: las tabacaleras financiarán los costes de limpieza, tratamiento y sensibilización relacionados con las colillas que desechan los consumidores.

¿Es suficiente con que paguen los productores?

El real decreto representa un avance positivo en la lucha contra los residuos de colillas, un problema especialmente grave en costas y entornos naturales. La nueva normativa adopta el principio de “quien contamina paga”, exigiendo a los fabricantes de tabaco que asuman el coste de la recogida y tratamiento de estos residuos.

No obstante, para que la medida sea realmente efectiva, será necesario superar diversos desafíos. Además de los ya mencionados en la regulación, destacan la necesidad de una coordinación efectiva entre administraciones para asegurar una aplicación uniforme de la normativa, así como de un sistema riguroso de supervisión y control con sanciones claras para los casos de incumplimiento.

Las colillas son un residuo muy común y persistente; cada año se fuman billones de cigarrillos en todo el mundo, por lo que es uno de los residuos más habituales en calles, playas y parques. Estas contienen acetato de celulosa, un material que puede tardar hasta diez años en descomponerse y que libera sustancias tóxicas al entorno, afectando gravemente a la fauna y flora. El decreto introduce la llamada “responsabilidad extendida del productor” (REP), lo cual obliga a las tabacaleras a costear la gestión de estos residuos, asumiendo parte del impacto ambiental que generan sus productos.

Sin embargo, su efectividad dependerá de cómo se implementen y supervisen las disposiciones del decreto. Aunque los productores están obligados a financiar la limpieza, no se establecen sanciones claras para el incumplimiento ni se detallan mecanismos de control precisos. Además, la ejecución queda en manos de las comunidades autónomas, lo cual podría provocar diferencias en la aplicación y dificultar su monitoreo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.